La situación económica en la Unión Europea va mejorando poco a poco en lo que se refiere a las grandes cifras macroeconómicas. Esta mejora apenas se ha notado por la gente de a pie, quienes ven como poco a poco han ido perdiendo poder adquisitivo.
Este escenario poco deseable se puede tornar en más trágico ya que países que deben tirar del carro de la UE, presentan unas cifras en los últimos trimestres cercanas a una nueva recesión, véase el caso de Alemania. Está claro que si el país bávaro se resfría, el resto también se contagiará de esta peligrosa gripe.
El caso de los países del Mediterráneo no es muy boyante tampoco. Si nos fijamos en Italia y España, la incertidumbre política de gobiernos poco estables hacen que estos trances de un viaje hacia una nueva crisis se acrecienten. Centrándonos en el país transalpino, el gobierno de Conte intenta incrementar la presión fiscal sobre la mayoría de las empresas, para intentar así aumentar los ingresos con los que cuente el Estado para llevar a cabo sus políticas, muchas de ellas controvertidas a ojos de la Comisión Europea.
El sector de los juegos de azar no es ajeno a este aumento de la presión fiscal en Italia. Todos los operadores se han unido para tener más fuerza de cara a realizar presión ante el Gobierno, para que este ejecutivo no tome esas medidas, o al menos las suavice. A razón de ello, esta Asociación que engloba los principales entes de apuestas y casino del país afirma que: “miles de pequeñas y medianas empresas en el Sector del juego legal, causando repercusiones muy graves en el empleo”.
Todo este alzamiento tiene como objetivo la “proclamación del estado de agitación de todo el sector, sin excluir la abstención de cobro, con el consiguiente bloqueo total de actividades”, según añade Sapar en un comunicado.
Este conflicto se ha visto acrecentado después de la pregunta al ministro de Economía Tria por parte del senador de la oposición Luigi Vitale, y como consecuencia del monopolio del sector que hace que se produzcan disfunciones “por el cambio en las condiciones contractuales impuestas unilateralmente por los distribuidores en detrimento de miles de pequeñas y medianas empresas y trabajadores del Sector”, introduce Vitale en su intervención.
Dejando a un lado los costes en los que incurrirán las empresas por el aumento de la presión fiscal, los cuales serán repercutidos en el usuario final, Vitale se centra en el menor control que habrá en un futuro sobre este ámbito y postula que “el desmantelamiento de los equipos permite a los concesionarios utilizar las autorizaciones que se han puesto en circulación para su propio uso, lo que permite la aplicación incontrolada de condiciones de total desventaja. El bloqueo del mercado derivado de la necesidad de reducir el equipo ha generado verdaderos abusos contra los operadores que también vieron aumentar los costos de conexión a la red electrónica mediante la imposición unilateral de cambios contractuales abusivos que hacen imposible la continuación de las actividades. En detrimento de miles de empresas y trabajadores del sector”, añade el senador en su intervención.
El aumento de la presión fiscal en cualquier sector hay que hacerlo con sumo cuidado, ya que puede tener el efecto contrario, y en vez de generar más ingresos para las arcas del Estado, retraer el consumo como consecuencia de los aumentos de impuestos, y que esa mejora para las cuentas del estado no sea más que un brindis al sol por parte de los gobernantes.
