Los comicios electorales en España se acercan. El reloj ya ha empezado a correr de una manera más severa, para discernir qué partido y responsable político se pone al frente del país la próxima legislatura, y además de generales también se definirá quien dirigirá cada Comunidad Autónoma y municipio del territorio.
Muchos son los temas candentes en la actualidad española. En todos ellos, cada partido político da su argumentación acerca de las medidas a llevar a cabo en el caso de que alcancen el poder, ya sea el nacional o el autonómico, y dentro de ellos, el sector del juego es algo que no deja indiferente a propios ni a extraños.
Desde los organismos públicos se busca difundir la preocupación acerca de la deriva que van tomando en nuestro país las casas de apuestas y los juegos de azar. Medidas, como eliminar la publicidad de casas de apuestas de algunas televisiones autonómicas, no hacen más que confirmar el doble rasero, y las políticas populistas sin base económica llevadas a cabo por gobernantes políticos de signo dispar.
Dentro del sector, no todos los agentes o formas de apuestas disponibles son tratados con el mismo cariz. El caso de las loterías tradicionales, o los juegos de azar promovidos por organizaciones como la ONCE, parecen no preocupar tanto a los gobernantes, como si lo hacen las nuevas formas de juego como los casinos online. Según se trasmite por parte de los mandatarios, el objetivo final es el de conseguir implantar el denominado “juego responsable” entre los usuarios de esta forma de ocio.
En este sentido, Loterías y Apuestas del Estado, busca ampliar miras y ofrecer a todos sus usuarios nuevas formas de pago al hacer uso de sus servicios. La última en adherirse a esta empresa de titularidad pública es PayPal.
La sociedad por excelencia de pagos por internet, no solo está ya presente en todas las formas de lotería ofrecidas por este ente público a través de sus medios interactivos, sino que también y a petición de los organismos de decisión pública, ha fijado unos límites mensuales para intentar que sus clientes no caigan en malas prácticas. Ese intervalo por defecto se sitúa entre los 600 y los 2400 euros, siendo ampliable el límite superior hasta los 8000 euros. Todas estas cantidades de gasto en juegos de azar al mes son consideradas como parte del juego responsable por el ente público.
Sin duda, y a ojos de la población llana, estas cantidades escapan a cualquier posibilidad factible de gasto. Los sueldos actuales están muy alejados de estas cuantías y sorprende que un organismo público promueva estas cuantías de gasto sabiendo la situación actual de muchas familias en España.
El sector debe buscar el denominado “juego responsable” para todas las vertientes ofrecidas a los usuarios, sea cual sea la naturaleza de las mismas. Las políticas educativas y de orientación son las que pueden tener un mayor impacto beneficioso para todos los agentes involucrados en esta actividad.
