El 7 de septiembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) de México lanzó un decreto buscando modificar la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Este decreto, respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido publicado en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y se espera su pronta promulgación.
Dentro de las reformas más destacadas, se propone la eliminación de las máquinas tragamonedas, derogando específicamente los artículos 137 Bis, 137 Ter y 137 Quáter del reglamento, los cuales autorizan estas máquinas. Con esta acción, se prohibirá completamente la operación de tragamonedas en casinos.
Adicionalmente, se prevé una modificación en la duración de los permisos para operar casinos. El artículo 33 del reglamento, que actualmente establece una vigencia de 25 años para estos permisos, se actualizará, reduciendo el periodo a solo 15 años.
Mario Maldonado, periodista de El Universal, resaltó la relevancia económica de estas máquinas tragamonedas, las cuales generan al año unos MXN 15.000 millones (USD 874.317.000) para los operadores de casinos, muchos de ellos también regulados en España por la DGOJ. Además, representan ingresos de MXN 4.700 millones (USD 273.952.660) para el erario público, que ahora se perderán con esta reforma.
Maldonado subrayó que, ante estas medidas, lo único que podría considerarse como un gesto de comprensión hacia la industria sería el respeto a los derechos de los operadores hasta que expire la vigencia de sus permisos actuales.
Entre los más afectados por estas reformas, destacan los casinos Caliente de Jorge Hank Rhon; Play City de Emilio Azcárraga; y Codere de Gonzaga Higuero.
¿Cuál podría ser el impacto del nuevo Decreto Mexicano en la industria de Juegos?
La reforma propuesta por la Secretaría de Gobernación (Segob) es un intento de proteger a la población mexicana de los posibles daños derivados del juego con apuesta y azar. El Estado mexicano, preocupado por los efectos negativos en grupos vulnerables como niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad mental o psicosocial, y aquellos con enfermedades o adicciones como la ludopatía, ha impulsado este cambio.
Dentro de las reformas más destacadas, la iniciativa busca abolir la figura de "operador". Esto implicaría que empresas o permisionarios no podrían adquirir máquinas de juegos a través de terceros. Segob alega que dicha figura carecía de control, dando paso a "sub-permisionarios", quienes se relacionaban directamente con los contratistas.
Reacciones de la industria
La respuesta de la industria ante dicha propuesta ha sido de alarma. La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA) estima que la reforma podría reducir hasta en un 90% la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto, además, podría desencadenar un cierre masivo de salas de juegos y generar desempleo significativo.
Miguel Ángel Ochoa, presidente de AIEJA, aporta cifras contundentes: la industria genera aproximadamente 50.000 empleos directos y alrededor de 120.000 indirectos.
Por su parte, Alfonso Pérez Lizaur, líder de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos, compara la potencial reforma con un retroceso al "televisor en blanco y negro". Según él, el entretenimiento en las salas de juego se vería gravemente afectado, provocando una disminución drástica de la participación de jugadores y, por ende, la pérdida de numerosas fuentes de empleo y contribuciones al erario.
Perspectiva fiscal
Pese a las preocupaciones de la industria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que, en los últimos cuatro años, el IEPS de juegos y sorteos constituyó menos del 1% del total de ingresos de dicho impuesto.
Juvenal Lobato Díaz, especialista en derecho fiscal, aclara que el enfoque de la prohibición no es por evasión fiscal, sino para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. En caso de aplicarse, la prohibición de máquinas electrónicas impactaría principalmente a las contribuciones locales, ya que la legislación actual exige un impuesto por la instalación y operación de estos centros.
La reforma propuesta por la Segob abre un intenso debate entre la protección social y las repercusiones económicas. Con argumentos válidos de ambos lados, el camino a seguir deberá considerar un equilibrio entre el bienestar social y la salud económica del país.
